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ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

R169 Recomendació n sobre la polí tica del empleo (disposiciones complementarias), 1984

Recomendació n sobre polí tica del empleo
RECOMENDACION:R169
Lugar:Ginebra
Sesion de la Conferencia:70
Fecha de adopció n:20:06:1984
Sujeto: Polí tica y promoció n del empleo
Estatus: Instrumento actualizado Esta Recomendació n está vinculada a un convenio prioritario y se considera actualizada.

La Conferencia General de la Organizació n Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administració n de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 6 junio 1984 en su septuagésima reunió n;

Habiendo tomado nota de las normas internacionales existentes contenidas en el Convenio y la Recomendació n sobre la polí tica del empleo, 1964, así como en los demás instrumentos relativos a determinadas categorí as de trabajadores, en especial el Convenio y la Recomendació n sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981; la Recomendació n sobre los trabajadores de edad, 1980; el Convenio y la Recomendació n sobre los trabajadores migrantes (revisados), 1949; el Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975, y la Recomendació n sobre los trabajadores migrantes, 1975;

Recordando la responsabilidad de la Organizació n Internacional del Trabajo, dimanante de la Declaració n de Filadelfia, de examinar y considerar las repercusiones de las polí ticas econó micas y financieras en la polí tica del empleo a la luz del objetivo fundamental con arreglo al cual todos los seres humanos, sin distinció n de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad econó mica y de igualdad de oportunidades;

Recordando que el Pacto Internacional de Derechos Econó micos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, prevé el reconocimiento, entre otros derechos, del derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, así como la adopció n de medidas adecuadas para garantizar y lograr progresivamente la plena efectividad de dicho derecho;

Recordando también las disposiciones de la Convenció n sobre la eliminació n de todas las formas de discriminació n contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979;

Reconociendo, habida cuenta de la creciente interdependencia de la economí a mundial y de las bajas tasas de crecimiento econó mico registradas en los ú ltimos años, la necesidad de coordinar las polí ticas econó micas, monetarias y sociales a nivel nacional e internacional, de esforzarse por reducir las disparidades entre paí ses desarrollados y paí ses en ví as de desarrollo y de instaurar el nuevo orden econó mico internacional a fin de hacer el mejor uso posible de los recursos con miras al desarrollo y a la creació n de oportunidades de empleo, y de combatir así el desempleo y el subempleo;

Tomando nota del deterioro de las oportunidades de empleo en la mayorí a de los paí ses industrializados y de los paí ses en desarrollo y expresando la convicció n de que la miseria, el desempleo y la desigualdad de oportunidades son inaceptables desde el punto de vista humano y de la justicia social y pueden provocar tensiones sociales y crear así condiciones susceptibles de poner en peligro la paz y de menoscabar el ejercicio del derecho al trabajo, el cual incluye el derecho a la libre elecció n de empleo, condiciones de trabajo justas y favorables y protecció n contra el desempleo;

Considerando que el Convenio y la Recomendació n sobre la polí tica del empleo, 1964, deberí an colocarse en el marco más amplio de la Declaració n de Principios y Programa de Acció n adoptados en 1976 por la Conferencia mundial tripartita sobre el empleo, la distribució n de los ingresos, el progreso social y la divisió n internacional del trabajo, y de la resolució n relativa al curso dado a la Conferencia Mundial del Empleo, adoptada en 1979 por la Conferencia Internacional del Trabajo;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la polí tica del empleo, cuestió n que constituye el cuarto punto del orden del dí a de la reunió n;

Después de haber decidido que estas proposiciones revistan la forma de una recomendació n que complete el Convenio y la Recomendació n sobre la polí tica del empleo, 1964,

adopta, con fecha veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, la siguiente Recomendació n, que podrá ser citada como la Recomendació n sobre la polí tica del empleo (disposiciones complementarias), 1984:

I. Principios Generales de Polí tica del Empleo

1. La promoció n del pleno empleo, productivo y libremente elegido, prevista por el Convenio y la Recomendació n sobre la polí tica del empleo, 1964, deberí a ser considerada como un medio para lograr en la práctica el cumplimiento del derecho a trabajar.

2. El completo reconocimiento por parte de los Estados Miembros del derecho a trabajar deberí a estar vinculado a la aplicació n de polí ticas econó micas y sociales destinadas a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido.

3. La promoció n del pleno empleo, productivo y libremente elegido, deberí a constituir la prioridad y ser parte integrante de las polí ticas econó micas y sociales de los Miembros y, cuando sea apropiado, de sus planes destinados a satisfacer las necesidades esenciales de la població n.

4. Los Miembros deberí an prestar especial atenció n a los medios más eficaces de incrementar el empleo y la producció n y formular polí ticas y, cuando sea apropiado, programas destinados a alentar el aumento de la producció n de bienes y servicios esenciales y su justa repartició n y una justa distribució n de los ingresos en todo el paí s con el fin de satisfacer las necesidades esenciales de la població n, de conformidad con la Declaració n de Principios y Programa de Acció n adoptados por la Conferencia Mundial del Empleo.

5. De conformidad con la práctica nacional, las polí ticas, planes y programas mencionados en los párrafos 3 y 4 de la presente Recomendació n deberí an ser formulados y aplicados en consulta y cooperació n con las organizaciones de empleadores y de trabajadores y con otras organizaciones representativas de las personas interesadas, en particular las del sector rural que son objeto del Convenio y la Recomendació n sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975.

6. Las polí ticas econó micas y finacieras, tanto a nivel nacional como internacional, deberí an reflejar la prelació n que haya de darse a las metas a que se refieren los párrafos 3 y 4 de la presente Recomendació n.

7. Las polí ticas, planes y programas a que se hace referencia en los párrafos 3 y 4 de la presente Recomendació n deberí an estar encaminados a eliminar toda discriminació n y a asegurar a todos los trabajadores la igualdad de oportunidades y de trato en cuanto concierne al acceso al empleo, las condiciones de empleo, los salarios y los ingresos y la orientació n, formació n y promoció n profesionales.

8. Los Miembros deberí an adoptar medidas para combatir de manera efectiva el empleo ilegal, es decir, aquel que no satisface las exigencias de las leyes, reglamentos y prácticas nacionales.

9. Los Miembros deberí an adoptar medidas para permitir el traslado progresivo de los trabajadores del sector no estructurado, donde exista, al sector estructurado.

10. Los Miembros deberí an adoptar polí ticas y tomar medidas que, a la vez que tengan en cuenta la legislació n y la práctica nacionales:

a) faciliten la adaptació n al cambio estructural a nivel global, sectorial y de la empresa, y el reempleo de los trabajadores que hayan perdido sus empleos como consecuencia del cambio estructural y tecnoló gico;

b) salvaguarden el empleo o faciliten el reempleo de los trabajadores afectados en caso de venta, traslado, cierre o desplazamiento de una sociedad, establecimiento o instalaciones.

11. De conformidad con la legislació n y práctica nacionales, los métodos para dar efecto a las polí ticas del empleo podrí an incluir la negociació n de contratos colectivos sobre cuestiones relacionadas con el empleo, como:

a) la promoció n y salvaguardia del empleo;

b) las consecuencias econó micas y sociales de la reestructuració n y racionalizació n de ramas de actividad econó mica y de empresas;

c) la reorganizació n y reducció n del tiempo de trabajo;

d) la protecció n de grupos particulares;

e) la informació n sobre cuestiones econó micas, financieras y de empleo.

12. Previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, los Miembros deberí an tomar medidas eficaces para alentar a las empresas multinacionales a emprender y promover, en particular, las polí ticas de empleo enunciadas en la Declaració n tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la polí tica social, 1977, y para procurar que se eviten los efectos negativos y se estimulen los efectos positivos de las inversiones de esas empresas multinacionales sobre el empleo.

13. En razó n de la creciente interdependencia de la economí a mundial, los Miembros, además de las medidas adoptadas a nivel nacional, deberí an fortalecer la cooperació n internacional con objeto de lograr el éxito de la lucha contra el desempleo.

II. Polí tica de Població n

14.

1) Cuando sea apropiado y conforme a la legislació n y prácticas nacionales, las polí ticas de empleo y desarrollo, sin dejar de procurar que existan suficientes oportunidades de empleo, podrí an incluir polí ticas y programas de població n encaminados a asegurar la promoció n del bienestar familiar y de la planificació n familiar, mediante programas voluntarios de informació n y enseñanza relativos a problemas de població n.

2) En colaboració n con organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, los Miembros, especialmente los paí ses en desarrollo, podrí an procurar:

a) que las polí ticas y programas de població n presten especial atenció n a la educació n de los padres y futuros padres acerca de las ventajas de la planificació n familiar;

b) en las zonas rurales, aumentar el nú mero de centros de salud y de centros comunitarios, así como de personal calificado, que brinden servicios de planificació n familiar;

c) en las zonas urbanas, prestar especial atenció n a la urgente necesidad de crear infraestructuras apropiadas y mejorar las condiciones de vida, sobre todo en los barrios más desfavorecidos.

III. Empleo de Jó venes y de Grupos y Personas Desfavorecidos

15. En el contexto de una polí tica global del empleo, los Miembros deberí an adoptar medidas con miras a satisfacer las necesidades de todas las categorí as de personas que tengan frecuentemente dificultades para encontrar empleo duradero, como ciertas mujeres, ciertos trabajadores jó venes, los inválidos, los trabajadores de edad, los desempleados por largos perí odos y los trabajadores migrantes que se encuentren legalmente en su territorio. Dichas medidas deberí an ser compatibles con las disposiciones de los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo relativos al empleo de esos grupos y con las condiciones de empleo establecidas con arreglo a la legislació n y práctica nacionales.

16. Habida cuenta de las condiciones nacionales y de conformidad con la legislació n y práctica nacionales, las medidas mencionadas en el párrafo 15 de la presente Recomendació n podrí an incluir, entre otras, las siguientes:

a) educació n general accesible a todos y programas de orientació n y formació n profesionales para ayudar a dichas personas a encontrar trabajo y mejorar sus oportunidades de empleo y sus ingresos;

b) la creació n de un sistema de formació n vinculado tanto al sistema educativo como al mundo del trabajo;

c) servicios de orientació n y del empleo para facilitar el ingreso de esas personas en el mercado del empleo y proporcionarles empleos conformes a sus calificaciones y aptitudes;

d) programas de creació n de empleos remunerados en regiones, áreas o sectores determinados;

e) programas de adaptació n al cambio estructural;

f) medidas de formació n permanente y de readiestramiento;

g) medidas de readaptació n profesional;

h) asistencia a la movilidad voluntaria;

i) programas de promoció n de empleos independientes y de cooperativas de trabajadores.

17.

1) Deberí an adoptarse en favor de los jó venes otras medidas especiales destinadas, en particular, a:

a) alentar a las empresas e instituciones pú blicas y privadas a contratar y formar jó venes por medios apropiados a las condiciones y práctica nacionales;

b) establecer programas especiales con el fin de emplear a los jó venes, de manera voluntaria, en la ejecució n de proyectos comunitarios, particularmente en proyectos a nivel local con fines sociales, habida cuenta de las disposiciones de la Recomendació n sobre los programas especiales para los jó venes, 1970, y aunque deberí a darse prioridad a la incorporació n de los jó venes en empleos regulares;

c) establecer programas especiales en los que se alternen la formació n y el trabajo, con miras a ayudar a los jó venes a conseguir su primer empleo;

d) adaptar las oportunidades de formació n al desarrollo técnico y econó mico y mejorar la calidad de la formació n;

e) facilitar la transició n de la escuela al trabajo y brindar oportunidades de empleo una vez terminada la formació n;

f) fomentar estudios acerca de las oportunidades de empleo futuras como base de una polí tica de formació n más racional;

g) proteger la seguridad y la salud de los jó venes trabajadores.

2) La aplicació n de las medidas a que se refiere el subpárrafo 1) del presente párrafo deberí a ser objeto de atenta vigilancia a fin de cerciorarse de que tengan efectos benéficos sobre el empleo de los jó venes.

3) Estas medidas deberí an ser compatibles con las disposiciones de los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo relativas al empleo de jó venes y con las condiciones de empleo establecidas con arreglo a la legislació n y práctica nacionales.

18. A fin de facilitar la aplicació n de las medidas a que se refieren los párrafos 15 a 17 de la presente Recomendació n, podrí an preverse incentivos apropiados a las condiciones y práctica nacionales.

19. De conformidad con la legislació n y práctica nacionales, deberí an organizarse oportunamente consultas completas acerca de la formulació n, aplicació n y control de las medidas y programas a que se refieren los párrafos 15 a 18 de la presente Recomendació n entre las autoridades competentes y las organizaciones de empleadores y de trabajadores y otras organizaciones interesadas.

IV. Polí ticas Tecnoló gicas

20. Uno de los principales elementos de toda polí tica de desarrollo nacional deberí a ser el de facilitar el desarrollo de tecnologí as como medio de aumentar el potencial productivo y de lograr la consecució n de objetivos principales del desarrollo, como son la creació n de oportunidades de empleo y la satisfacció n de las necesidades esenciales. Habida cuenta de la etapa de desarrollo econó mico alcanzada, las polí ticas tecnoló gicas deberí an contribuir al mejoramiento de las condiciones de trabajo y a la reducció n del tiempo de trabajo e incluir medidas para evitar que disminuya el nú mero de empleos.

21. Los Miembros deberí an:

a) fomentar investigaciones sobre la selecció n, adopció n y desarrollo de nuevas tecnologí as y sobre el efecto de las nuevas tecnologí as en el volumen y estructura del empleo, las condiciones de empleo, la formació n, el contenido del trabajo y las aptitudes requeridas;

b) promover investigaciones sobre las tecnologí as que mejor se adapten a las condiciones concretas del paí s, procurando que en tales investigaciones participen institutos de investigació n independientes.

22. Los Miembros deberí an esforzarse en lograr por medio de medidas adecuadas que:

a) los sistemas de enseñanza y de formació n, incluidos los de readiestramiento, ofrezcan a los trabajadores suficientes posibilidades de adaptarse a las mutaciones del empleo que origine el cambio tecnoló gico;

b) se preste atenció n particular a la mejor utilizació n posible de las competencias y destrezas existentes en el presente y en el futuro;

c) se eliminen, en la medida de lo posible, los efectos negativos del cambio tecnoló gico sobre las condiciones de trabajo y de vida y la seguridad e higiene en el trabajo, especialmente tomando en cuenta consideraciones relativas a la ergonomí a, la seguridad y la higiene desde la etapa en que se conciben y diseñan las nuevas tecnologí as.

23. Los Miembros deberí an, mediante cualquier método adaptado a las condiciones y práctica nacionales, fomentar la utilizació n de nuevas tecnologí as apropiadas y garantizar o mejorar la consulta y el enlace entre los distintos servicios y organizaciones interesados en la cuestió n y las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores.

24. Deberí a alentarse a las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas y a las empresas a contribuir a la difusió n de informaciones generales acerca de las opciones tecnoló gicas, a promover nexos de orden tecnoló gico entre las empresas grandes y pequeñas y a establecer los programas de formació n pertinentes.

25. De conformidad con la práctica nacional, los Miembros deberí an estimular a las organizaciones de trabajadores y de empleadores a celebrar contratos colectivos a nivel nacional, sectorial o industrial respecto de las consecuencias sociales de la introducció n de nuevas tecnologí as.

26. En la medida en que sea posible y de conformidad con la legislació n y práctica nacionales, los Miembros deberí an estimular a las empresas a que, cuando introduzcan en sus operaciones cambios tecnoló gicos que tengan consecuencias importantes para los trabajadores de esas empresas:

a) asocien a los trabajadores o a sus representantes, o a ambos a la vez, a la planificació n, introducció n y utilizació n de las nuevas tecnologí as, es decir, que los informen acerca de las posibilidades y efectos de esas nuevas tecnologí as y los consulten previamente con el fin de llegar a acuerdos al respecto;

b) favorezcan una mejor organizació n del tiempo de trabajo y una mejor repartició n del empleo;

c) prevengan y mitiguen en el mayor grado posible cualquier efecto adverso del cambio tecnoló gico sobre los trabajadores;

d) promuevan la inversió n en tecnologí as que favorezcan directa o indirectamente la creació n de empleos y contribuyan a un incremento progresivo de la producció n y a la satisfacció n de las necesidades esenciales de la població n.

V. Sector no Estructurado

27.

1) La polí tica nacional del empleo deberí a reconocer la importancia de las fuentes de empleo ofrecidas por el sector no estructurado, es decir, por las actividades econó micas realizadas al margen de las estructuras econó micas institucionalizadas.

2) Se deberí an elaborar y llevar a la práctica programas de promoció n del empleo para fomentar el trabajo familiar y el trabajo independiente en talleres individuales tanto en las áreas urbanas como en las rurales.

28. Los Miembros deberí an adoptar medidas para fomentar relaciones de complementariedad entre el sector estructurado y el sector no estructurado, y ampliar las posibilidades de acceso de las empresas del sector no estructurado a los recursos, mercados, crédito, infraestructura, medios de formació n, conocimientos técnicos y tecnologí as más perfeccionadas.

29.

1) Mientras adoptan medidas para aumentar las oportunidades de empleo y mejorar las condiciones de trabajo en el sector no estructurado, los Miembros deberí an tratar de facilitar al mismo tiempo la integració n progresiva de dicho sector en la economí a nacional.

2) Los Miembros deberí an tener en cuenta la posibilidad de que la integració n del sector no estructurado en el sector estructurado reduzca la capacidad de aquél de absorber mano de obra y generar ingresos. Sin embargo, deberí an tratar de extender progresivamente medidas de reglamentació n al sector no estructurado.

VI. Pequeñas Empresas

30. La polí tica nacional del empleo deberí a tener en cuenta la importancia de las pequeñas empresas como fuente de empleo y reconocer la contribució n a la lucha contra el desempleo y al crecimiento econó mico de las iniciativas locales generadoras de empleo. Esas empresas, que pueden adoptar diversas formas, tales como empresas tradicionales, cooperativas y asociaciones, brindan oportunidades de empleo sobre todo a los trabajadores enfrentados a dificultades especiales.

31. Previa consulta y en cooperació n con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, los Miembros deberí an adoptar las medidas necesarias para promover las relaciones de complementariedad entre las empresas a las que se refiere el párrafo 30 de la presente Recomendació n y las demás empresas, mejorar las condiciones de trabajo en las pequeñas empresas y ampliar sus posibilidades de acceso a los mercados, créditos, conocimientos técnicos y tecnologí as avanzadas.

VII. Polí ticas de Desarrollo Regional

32. De conformidad con la legislació n y práctica nacionales, los Miembros deberí an reconocer la importancia de un desarrollo regional equilibrado como medio para atenuar los problemas sociales y de empleo creados por la desigual repartició n de los recursos naturales y por la insuficiente movilidad de los medios de producció n y para corregir la desigual distribució n del crecimiento y del empleo entre diferentes regiones y zonas de un mismo paí s.

33. Previa consulta y en cooperació n con los representantes de las poblaciones interesadas, y en particular con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, se deberí an adoptar medidas para promover el empleo en las zonas subdesarrolladas o retrasadas, zonas industriales y agrí colas en decadencia, zonas fronterizas y, en general, en las partes del paí s que no se hayan beneficiado satisfactoriamente del desarrollo nacional.

34. Habida cuenta de las condiciones nacionales y de los planes y programas de cada Miembro, entre las medidas a que se refiere el párrafo 33 de la presente Recomendació n se podrí an incluir las siguientes:

a) creació n y desarrollo de polos y centros de crecimiento con buenas perspectivas para generar empleos;

b) desarrollo y expansió n del potencial regional, teniendo en cuenta los recursos humanos y naturales de cada regió n y la necesidad de un desarrollo regional coherente y equilibrado;

c) aumento en nú mero y tamaño de las ciudades medianas y pequeñas, a fin de contrarrestar el crecimiento de las grandes ciudades;

d) mejoramiento de la disponibilidad y distribució n de los servicios básicos necesarios para satisfacer necesidades esenciales y del acceso a éstos;

e) fomento, gracias a medidas sociales adecuadas, de la movilidad voluntaria de los trabajadores dentro de cada regió n y entre las distintas regiones del paí s, a la vez que se procura promover condiciones de vida y trabajo satisfactorias en su zona de origen;

f) inversió n en el mejoramiento de la estructura administrativa, de la infraestructura y de los servicios regionales, incluida la asignació n del personal necesario y la provisió n de medios de formació n y readiestramiento profesionales;

g) estí mulo a la participació n de la colectividad en la definició n y aplicació n de medidas de desarrollo regional.

VIII. Programas de Inversió n Pú blica y Programas Especiales de Obras Pú blicas

35. Los Miembros podrí an llevar a cabo programas de inversió n pú blica y programas especiales de obras pú blicas, econó mica y socialmente viables, particularmente para crear y conservar empleos y aumentar los ingresos, disminuir la pobreza y satisfacer mejor las necesidades esenciales en zonas donde reinen el desempleo y el subempleo. Cuando sea posible y apropiado, tales programas deberí an:

a) prestar especial atenció n a la creació n de oportunidades de empleo para los grupos desfavorecidos;

b) comprender proyectos de infraestructura rural y urbana y la construcció n de instalaciones para satisfacer las necesidades esenciales en las zonas rurales, urbanas y suburbanas y aumentar las inversiones productivas en sectores tales como la energí a y las telecomunicaciones;

c) contribuir a elevar la calidad de los servicios sociales en esferas tales como la enseñanza y la salud;

d) formularse y aplicarse en el marco de los planes de desarrollo, donde éstos existan, y en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas;

e) identificar a los beneficiarios de los proyectos, determinar los recursos disponibles de mano de obra y definir los criterios para la selecció n de los proyectos;

f) asegurar que los trabajadores sean contratados en forma voluntaria;

g) asegurar que no se aparte a la mano de obra de otras actividades productivas;

h) ofrecer condiciones de empleo compatibles con la legislació n y práctica nacionales, en especial con las disposiciones legales que rigen el acceso al empleo, las horas de trabajo, la remuneració n, las vacaciones pagadas, la seguridad e higiene en el trabajo y la indemnizació n en caso de accidente del trabajo o enfermedad profesional;

i) facilitar la formació n profesional de los trabajadores empleados en los proyectos, así como el readiestramiento de aquellos que, a causa de cambios estructurales en la producció n y el empleo, tienen que cambiar de trabajo.

IX. Cooperació n Econó mica Internacional y Empleo

36. Los Miembros deberí an promover la expansió n del comercio internacional para ayudarse mutuamente a lograr el crecimiento del empleo. Con este fin, deberí an cooperar en el seno de las organizaciones internacionales que tienen por cometido facilitar el desarrollo sostenido y mutuamente beneficioso del comercio internacional, de la asistencia técnica y de las inversiones.

37. Habida cuenta de sus responsabilidades en el marco de otros organismos internacionales competentes, los Miembros deberí an adoptar los siguientes objetivos con miras a garantizar la eficacia de las polí ticas del empleo:

a) promover el crecimiento de la producció n y del comercio mundial en condiciones de estabilidad econó mica y de crecimiento del empleo, dentro del contexto de la cooperació n internacional para el desarrollo y sobre la base de la igualdad de derechos y de ventajas mutuas;

b) reconocer que la interdependencia entre los Estados, resultante de la creciente integració n de la economí a mundial, deberí a ayudar a crear un clima en el cual los Estados puedan definir, cuando sea apropiado, polí ticas conjuntas con miras a promover una distribució n equitativa de los costos y beneficios sociales del reajuste estructural, como también una más justa distribució n internacional del ingreso y la riqueza, de modo que los paí ses en desarrollo puedan absorber el aumento de su fuerza de trabajo y los paí ses desarrollados puedan elevar sus niveles de empleo y reducir los costos del reajuste para los trabajadores afectados;

c) coordinar las polí ticas nacionales relativas al comercio y al cambio y reajuste estructurales, a fin de permitir una mayor participació n de los paí ses en desarrollo en la producció n industrial mundial en un sistema comercial internacional abierto y justo, estabilizar los precios de los productos básicos a niveles remunerativos que sean aceptables tanto para los productores como para los consumidores, y estimular las inversiones en la producció n y transformació n de los productos básicos en los paí ses en desarrollo;

d) favorecer la resolució n pací fica de las disputas entre las naciones y la negociació n de acuerdos de reducció n de armamentos con miras a lograr la seguridad de todas las naciones, así como la transferencia progresiva de los gastos en armamentos y la reconversió n de la industria de armamentos hacia la producció n de bienes y servicios necesarios, especialmente aquellos que satisfagan las necesidades esenciales de la població n y los requerimientos de los paí ses en desarrollo;

e) procurar un acuerdo acerca de la acció n de concierto a nivel internacional con miras a mejorar el sistema econó mico internacional, especialmente en el ámbito financiero, con objeto de fomentar el empleo en los paí ses desarrollados y en los paí ses en desarollo;

f) aumentar la cooperació n econó mica y técnica mutua, especialmente entre paí ses con niveles diferentes de desarrollo econó mico y distintos sistemas sociales y econó micos, mediante el intercambio de experiencias y el desarrollo de capacidades complementarias, en particular en las esferas del empleo y de los recursos humanos y en lo que concierne a la elecció n, desarrollo y transferencia de tecnologí as de conformidad con la ley y la práctica mutuamente aceptadas en cuanto a los derechos de la propiedad privada;

g) crear las condiciones de un crecimiento sostenido no inflacionario de la economí a mundial y de la instauració n de un sistema monetario internacional mejorado, que lleven al establecimiento del nuevo orden econó mico internacional;

h) lograr mayor estabilidad en los tipos de cambio, la reducció n de la carga de la deuda de los paí ses en desarrollo, la provisió n a esos paí ses de una ayuda financiera a largo plazo y poco onerosa, y la adopció n de polí ticas de reajuste que promuevan el empleo y faciliten la satisfacció n de las necesidades esenciales.

38. Los Miembros deberí an:

a) fomentar la transferencia de tecnologí as para permitir que los paí ses en desarrollo adopten en condiciones comerciales justas y razonables las que sean más adecuadas para la promoció n del empleo y la satisfacció n de las necesidades esenciales; y

b) tomar medidas apropiadas para la creació n y mantenimiento del empleo y la provisió n de oportunidades de formació n y de readiestramiento profesionales; entre tales medidas se podrí a incluir el establecimiento de fondos nacionales, regionales o internacionales de reajuste, con el propó sito de contribuir a una reorientació n positiva de las industrias y de los trabajadores afectados por los cambios sobrevenidos en la economí a internacional.

X. Migraciones Internacionales y Empleo

39. Habida cuenta de los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo sobre los trabajadores migrantes, los Miembros deberí an, allí donde se registran migraciones internacionales, adoptar polí ticas para:

a) crear más oportunidades de empleo y mejores condiciones de trabajo en los paí ses de emigració n, con objeto de reducir la necesidad de emigrar en busca de empleo;

b) velar por que las migraciones internacionales tengan lugar en condiciones en que se promueva el pleno empleo, productivo y libremente elegido.

40. Los Miembros que recurran habitual o repetidamente a un nú mero importante de trabajadores extranjeros deberí an esforzarse, cuando dichos trabajadores procedan de paí ses en desarrollo, por aumentar su cooperació n al desarrollo de dichos paí ses mediante la intensificació n de movimientos apropiados de capital y de los intercambios comerciales, así como mediante la transferencia de conocimientos técnicos y la asistencia en pro de la formació n profesional de los trabajadores locales, a fin de crear una opció n que pueda reemplazar eficazmente a la migració n con fines de empleo y contribuir a que los paí ses interesados puedan mejorar su situació n en los planos econó mico y del empleo.

41. Los Miembros que habitual o repetidamente registren considerables salidas de nacionales con fines de empleo en el extranjero deberí an adoptar medidas por ví a legislativa, mediante acuerdos con las organizaciones de empleadores y de trabajadores o por cualquier otro medio conforme a las condiciones y práctica nacionales, a condició n de que tales medidas no violen el derecho de toda persona a dejar un paí s, incluso el suyo propio, a fin de impedir todo abuso en el momento de la contratació n o de la partida que pueda hacer ilegales las condiciones de entrada, de estadí a o de empleo de sus nacionales en otro paí s.

42. Los paí ses en desarrollo de donde proceden los migrantes, a fin de facilitar el regreso voluntario de aquellos de sus nacionales que posean competencias que les hacen falta, deberí an:

a) ofrecerles los incentivos necesarios;

b) recabar la cooperació n de los paí ses que emplean a sus nacionales, así como de la Oficina Internacional del Trabajo y demás organismos internacionales o regionales competentes en la materia.

43. Los Miembros, sean paí ses de acogida o de origen, deberí an adoptar medidas apropiadas para:

a) evitar abusos en la contratació n de mano de obra para trabajar en el extranjero;

b) evitar la explotació n de los trabajadores migrantes;

c) garantizar el pleno ejercicio de la libertad sindical y del derecho de sindicació n y de negociació n colectiva.

44. Los Miembros, sean paí ses de acogida o de origen, deberí an concluir, cuando sea necesario, acuerdos bilaterales y multilaterales sobre cuestiones como el derecho de entrada y estadí a, la protecció n de los derechos resultantes del empleo, la promoció n de posibilidades de enseñanza y formació n para los trabajadores migrantes, la seguridad social y la asistencia a los trabajadores migrantes y miembros de su familia que deseen regresar a su paí s de origen, tomando plenamente en cuenta los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo sobre trabajadores migrantes.

Cross references

CONVENIOS:C122 Convenio sobre la polí tica del empleo, 1964
RECOMENDACIONES:R122 Recomendació n sobre la polí tica del empleo, 1964

CONVENIOS:C156 Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981

CONVENIOS:C097 Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949

CONVENIOS:C143 Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975

CONVENIOS:C141 Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975
RECOMENDACIONES:R165 Recomendació n sobre los trabajadores con responsibilidades familiares, 1981
RECOMENDACIONES:R162 Recomendació n sobre los trabajadores de edad, 1980
RECOMENDACIONES:R086 Recomendació n sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949
RECOMENDACIONES:R151 Recomendació n sobre los trabajadores migrantes, 1975
RECOMENDACIONES:R136 Recomendació n sobre los programas especiales para los jó venes, complementarias), 1984


Fuente: Organización Internacional del Trabajo








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