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NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO

R115 Recomendación sobre la vivienda de los trabajadores, 1961

Recomendación sobre la vivienda de los trabajadores
RECOMENDACION:R115

Lugar:Ginebra
Sesion de la Conferencia:45
Fecha de adopción:28:06:1961
Sujeto: Polí tica social

Vizualisar el documento en:

Estatus: Instrumento actualizado

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 junio 1961 en su cuadragé sima quinta reunión;

Despué s de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la vivienda de los trabajadores, cuestión que constituye el quinto punto del orden del dí a de la reunión, y

Despué s de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de una recomendación,

adopta, con fecha veintiocho de junio de mil novecientos sesenta y uno, la siguiente Recomendación, que podrá ser citada como la Recomendación sobre la vivienda de los trabajadores, 1961 :

Considerando que la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo dispone que la Organización deberá fomentar los fines y objetivos previstos en la Declaración de Filadelfia, la cual reconoce la obligación solemne de la Organización Internacional del Trabajo de fomentar entre todas las naciones del mundo programas que permitan suministrar una vivienda adecuada;

Considerando que la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y, en especial... la vivienda, y

Considerando que las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo han acordado --segú n se establece en el programa coordinado de las Naciones Unidas y los organismos especializados en el campo de la vivienda, el urbanismo y la planificación rural, del que han tomado nota en 1949 el Consejo Económico y Social y el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del trabajo -- que en la esfera general de la vivienda, el urbanismo y la planificación rural, en la que se reconoce un papel directivo a las Naciones Unidas, se atribuye responsabilidad especial a la Organización Internacional del Trabajo en lo que se refiere a las cuestiones relacionadas con la vivienda de los trabajadores,

La Conferencia recomienda a los Miembros de la Organización que apliquen los principios generales siguientes, dentro del marco de su polí tica social y económica general, en la forma que consideren apropiada de conformidad con las condiciones nacionales:

Principios Generales

I. Campo de Aplicación

1. La presente Recomendación se aplica a la vivienda de los trabajadores manuales y no manuales, incluidos los trabajadores independientes y las personas de edad avanzada, las acogidas al retiro o la jubilación y las fí sicamente incapacitadas.

II. Objetivos de la Polí tica Nacional en Materia de Vivienda

2. La polí tica nacional deberí a tener por objetivo el fomento, dentro de la polí tica general relativa a la vivienda, de la construcción de viviendas e instalaciones colectivas conexas, a fin de garantizar que se pongan al alcance de todos los trabajadores y de sus familias un alojamiento adecuado y decoroso y un medio ambiente apropiado. Deberí a darse prioridad a las personas cuyas necesidades sean má s urgentes.

3. Se deberí a asimismo prestar atención a la conservación, mejora y modernización de las viviendas e instalaciones colectivas conexas existentes.

4. Los trabajadores no deberí an pagar por un alojamiento adecuado y decoroso má s que un porcentaje razonable de sus ingresos, ya sea por concepto de alquiler o en forma de pagos que deban hacer para adquirir dicho alojamiento.

5. En los programas de construcción de viviendas para trabajadores convendrí a dejar suficiente margen a la iniciativa privada, a las cooperativas y a las empresas pú blicas.

6. En vista de que los programas en gran escala de viviendas permanentes pueden competir directamente con los programas de fomento y crecimiento económicos -- puesto que la escasa mano de obra calificada o semicalificada o los precarios recursos disponibles pueden necesitarse tanto para construir viviendas como para producir otros tipos de bienes indispensables para aumentar la capacidad de producción --, la polí tica de vivienda deberí a coordinarse con la polí tica social y económica general, de manera que se pueda dar a la vivienda de los trabajadores cierta prioridad que tenga en cuenta tanto las necesidades en materia de vivienda como los imperativos de un desarrollo económico equilibrado.

7. Cada familia deberí a disponer de una vivienda separada completa, cuando así lo desee.

III. Responsabilidad de las Autoridades Pú blicas

8.

1) Las autoridades nacionales competentes, teniendo debidamente en cuenta la estructura constitucional del paí s interesado, deberí an establecer un organismo central al que deberí an estar a sociados todos los poderes pú blicos con alguna responsabilidad en materia de vivienda.

2) El organismo central deberí a encargarse, entre otras funciones:

a) de estudiar y evaluar las necesidades de viviendas para los trabajadores y de instalaciones colectivas conexas; y

b) de formular los programas de vivienda para los trabajadores, que deberí an incluir medidas para eliminar los tugurios y para proporcionar nuevos alojamientos a sus ocupantes.

3) Las organizaciones representativas de los empleadores y de los trabajadores, así como otras organizaciones interesadas, deberí an estar asociadas a las labores del organismo central.

9. Teniendo en cuenta los demá s objetivos nacionales y dentro de los lí mites que determinen las necesidades de vivienda y otras necesidades conexas, los programas nacionales de vivienda deberí an procurar que todos los recursos privados y pú blicos de que se pueda disponer a estos efectos se coordinen y utilicen para construir viviendas para los trabajadores e instalaciones colectivas conexas.

10. Cuando sea necesario aumentar en forma importante y permanente la capacidad del sector de la construcción de viviendas, para hacer frente de manera continua a las necesidades nacionales de vivienda para los trabajadores, los programas de desarrollo económico deberí an incluir -- teniendo en cuenta otros fines nacionales -- las medidas necesarias para que la industria de la construcción disponga a la larga de la mano de obra calificada, los materiales, el equipo y los recursos financie ros que se precisen para la construcción de viviendas.

11. En la medida en que sea necesario y factible, las autoridades pú blicas deberí an asumir la responsabilidad, sea de proporcionar directamente viviendas a los trabajadores, sea de estimular cuanto contribuya a tal fin, ya se trate de viviendas arrendad as o de su adquisición en propiedad.

IV. Viviendas Proporcionadas por los Empleadores

12.

1) Los empleadores deberí an reconocer la importancia que tendrí a para ellos que ciertos organismos pú blicos o algunos organismos autónomos de cará cter privado, ajenos a la empresa, tales como cooperativas y otras asociaciones de construcción, se encar garan de proporcionar viviendas a sus trabajadores en condiciones equitativas.

2) Se deberí a reconocer que no es generalmente conveniente que los empleadores proporcionen directamente viviendas a sus trabajadores, salvo cuando esto sea necesario por circunstancias tales como, por ejemplo, la de estar situada una empresa a gran distancia de los centros normales de población o cuando la naturaleza del empleo requiera que pueda disponerse del trabajador con poco tiempo de aviso.

3) Cuando las viviendas fueran proporcionadas por los empleadores:

a) deberí an reconocerse a los trabajadores los derechos humanos fundamentales, y en particular la libertad sindical;

b) la legislación nacional y la costumbre deberí an respetarse totalmente al poner té rmino al contrato de alquiler o a la autorización de ocupar una vivienda, en caso de darse por terminado el contrato de trabajo; y

c) los alquileres deberí an ajustarse al principio sentado en el pá rrafo 4 y, en todo caso, excluir ganancias exageradas.

4) La provisión de alojamiento y servicios comunes por los empleadores en pago del trabajo deberí a prohibirse o reglamentarse en la medida necesaria para proteger los intereses de los trabajadores.

V. Financiamiento

13.

1) Las autoridades competentes deberí an tomar medidas apropiadas para garantizar que la ejecución de los programas aprobados de viviendas para trabajadores cuente con el financiamiento regular y continuo necesario.

2) A este fin:

a) deberí an proporcionarse facilidades pú blicas y privadas para la concesión de pré stamos a tasas moderadas de interé s; y

b) estas facilidades deberí an completarse por otros mé todos adecuados de ayuda financiera directa o indirecta, tales como subvenciones, disminución del valor imponible y reducción de impuestos, a favor de los propietarios interesados, ya sean personas privadas, cooperativas o entidades pú blicas, que reú nan ciertas condiciones.

14. Los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores deberí an estimular a las cooperativas de construcción y otras entidades aná logas con fines no lucrativos.

15. Las autoridades pú blicas deberí an esforzarse para garantizar que los trabajadores que deseen ser propietarios de sus viviendas o construir las tengan la posibilidad de beneficiarse de facilidades pú blicas o privadas para la obtención de pré stamos en condiciones razonables; deberí an tomar, ademá s, todas las medidas que faciliten la adquisición de la propiedad de la vivienda.

16. En los paí ses donde existen posibilidades de cré dito bien stablecidas deberí an fundarse sistemas nacionales de seguro como garantí a de pré stamos hipotecarios o deberí a preverse la garantí a de las hipotecas privadas por los poderes pú blicos a fin de promover la construcción de viviendas para los trabajadores.

17. De conformidad con la prá ctica nacional, deberí an adoptarse medidas apropiadas para:

a) estimular el ahorro por los particulares, las cooperativas y las entidades privadas a fin de que dicho ahorro pueda servir para financiar viviendas para los trabajadores;

b) estimular a los particulares, a las cooperativas y a las entidades privadas a invertir fondos en la construcción de viviendas para los trabajadores.

18. Las viviendas de los trabajadores que se construyan con ayuda de fondos pú blicos no deberí an ser objeto de especulación.

VI. Normas de Vivienda

19. En principio, la autoridad competente deberí a, habida cuenta de las condiciones locales, fijar normas mí nimas aplicables a las viviendas, con objeto de garantizar la seguridad de la construcción y un nivel razonable de decoro, higiene y comodidad, y adoptar medidas apropiadas para hacer cumplir tales normas.

VII. Medidas para Aumentar la Eficiencia de la Industria de la Construcción

20. Los gobiernos, en colaboración con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, deberí an estimular la utiliza ción má s eficiente posible de los recursos disponibles de la industria de la construcción e industrias conexas y, en caso necesario, fomentar el desarrollo de nuevos recursos.

VIII. La Construcción de Viviendas y la Estabilización del Empleo

21. Los programas nacionales de vivienda deberí an elaborarse de modo que la construcción de viviendas para los trabajadores e instalaciones colectivas conexas se pueda intensificar durante los perí odos en que decae la actividad económica.

22. Los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores deberí an adoptar medidas apropiadas para aumentar el volumen anual de la construcción de viviendas para los trabajadores y de instalaciones conexas, reduciendo el des empleo estacional en la industria de la construcción, teniendo en cuenta los principios a que se refiere el pá rrafo 6.

IX. Urbanismo y Planificación Rural y Regional

23. El desarrollo y la ejecución de los programas de vivienda para los trabajadores deberí an ajustarse a sanos principios de urbanismo y planificación rural y regional.

24.

1) Las autoridades pú blicas deberí an adoptar medidas apropiadas para impedir la especulación sobre el valor de los terrenos.

2) Las autoridades pú blicas deberí an:

a) estar facultadas para adquirir a precios convenientes terrenos donde construir viviendas para los trabajadores e instalaciones colectivas conexas.

b) constituir terrenos de reserva, en sitios convenientes, con objeto de facilitar la planificación de la construcción de dichas viviendas e instalaciones.

3) Estos terrenos deberí an destinarse, a un precio razonable, a la construcción de viviendas para los trabajadores y de instalaciones colectivas conexas.

X. Aplicación de los Principios Generales

25. Al aplicar los principios generales que establece la presente Recomendación, cada Miembro de la Organización Internacional del Trabajo y las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas deberí an guiarse, en la medida en que sea posible y conveniente, por las sugerencias siguientes acerca de los mé todos de aplicación de la Recomendación.

Sugerencias Acerca de los Mé todos de Aplicación

I. Consideraciones Generales

1. Los programas de vivienda para trabajadores, elaborados y aplicados de conformidad con el pá rrafo 8 de los Principios generales, deberí an ser de tal naturaleza que conduzcan al má ximo mejoramiento de la situación de la vivienda de los trabajadores tan rá pidamente como lo permitan los factores pertinentes, tales como los recursos nacionales disponibles, el grado de desarrollo económico, el nivel tecnológico y la aplicación de otras medidas cuya prioridad compita con la de la vivienda.

2. Los programas nacionales de vivienda deberí an tener en cuenta muy especialmente, sobre todo en los paí ses en ví as de desarrollo, las necesidades que en materia de vivienda experimentan los trabajadores ya empleados -- o que vayan a serlo -- en industrias o regiones que tengan gran importancia nacional

3. En el establecimiento y la ejecución de los programas locales de vivienda para los trabajadores convendrí a dar especial consideración:

a) al nú mero de miembros de la familia del trabajador, su edad y sexo;

b) a los lazos de familia; y

c) a la situación particular de las personas fí sicamente incapacitadas, las que viven solas y las de edad avanzada.

4. Debieran adoptarse medidas, cuando sea oportuno, para conseguir una utilización má s eficaz de las viviendas de alquiler disponibles, estimulando los intercambios de viviendas segú n las necesidades que se derivan, por ejemplo, del tamaño de la familia o del lugar de trabajo.

5. Las autoridades competentes deberí an prestar especial atención al problema particular que plantea el alojamiento de los trabajadores migrantes y, cuando sea necesario, de sus familias, con miras a lograr lo antes posible la igualdad de trato en estamateria entre los trabajadores migrantes y los trabajadores nacionales.

6. Deberí an estimularse la compilación y el aná lisis de estadí sticas detalladas sobre la construcción y la población, así como la realización de estudios sociológicos, como elementos esenciales para la elaboración y aplicación de programas de vivienda a largo plazo.

II. Normas de Vivienda

7. Las normas de vivienda mencionadas en el pá rrafo 19 de los Principios generales deberí an referirse, en particular:

a) al espacio mí nimo por persona o por familia -- teniendo debidamente en cuenta la necesidad de disponer de habitaciones de dimensiones y proporciones razonables -- expresado en función de uno o varios de los factores siguientes: i) superficie del terreno;

ii) volumen; o

iii) capacidad y nú mero de habitaciones;

b) al abastecimiento de agua potable dentro de la vivienda del trabajador, en cantidad suficiente para poder cubrir todas las necesidades personales y domé sticas;

c) a los sistemas adecuados de alcantarillado y de evacuación de basuras;

d) a la adecuada protección contra el calor, el frí o, la humedad, el ruido, los incendios y los animales que propagan enfermedades, especialmente los insectos;

e) a las instalaciones adecuadas de cará cter sanitario, y tambié n para cocina, ventilación, lavado, despensa, luz natural e iluminación artificial;

f) a un grado mí nimo, por lo menos, de aislamiento e intimidad:

i) entre las personas que viven bajo el mismo techo; y

ii) para los miembros de la familia a fin de protegerlos contra perturbaciones excesivas causadas por factores externos; y

g) a la apropiada separación entre las habitaciones y los locales destinados a los animales.

8. Cuando la vivienda destinada a trabajadores solteros o a trabajadores separados de sus familias sea colectiva, la autoridad competente deberí a establecer ciertas normas de habitación que dispongan, como mí nimo:

a) que cada trabajador tenga una cama a su disposición para uso individual;

b) que existan locales separados para hombres y mujeres;

c) que haya suficiente abastecimiento de agua potable;

d) que existan adecuadas instalaciones sanitarias y de desague;

e) que existan medios convenientes de ventilación y, si fuere apropiado, de calefacción;

f) que se disponga de comedores, cantinas, salas de descanso y recreo y servicios de salud, si tales servicios no existieren en otra forma en la comunidad.

9. Las normas de vivienda de los trabajadores deberí an ser revisadas periódicamente, habida cuenta del desarrollo social, económico y té cnico y del aumento de los ingresos reales por habitante.

10. En general, y en las localidades donde las oportunidades de empleo no sean transitorias, las viviendas e instalaciones colectivas conexas deberí an ser de construcción duradera.

11. El objetivo deberí a ser construir las viviendas de los trabajadores, así como las instalaciones colectivas conexas, con los mejores materiales de que se disponga, habida cuenta de las condiciones locales, tales como la probabilidad de seí smos.

III. Programas Especiales

12. En los paí ses en ví as de desarrollo deberí a dedicarse especial atención, como medida provisional hasta que se forme una mano de obra calificada y se constituya la industria de la construcción, a sistemas tales como los programas de ayuda en gran escala para la construcción de viviendas provisionales por los propios interesados, que ofrecen un medio de mejorar las condiciones de vivienda, sobre todo en las regiones rurales. Al mismo tiempo, en estos paí ses deberí an adoptarse medidas para la formación profesional de obreros sin empleo o sin especialización que puedan ser destinados a la industria de la construcción, aumentá ndose así la capacidad de construcción de viviendas permanentes.

13. Los gobiernos, los empleadores y las organizaciones de empleadores y de trabajadores deberí an adoptar cuantas medidas sean apropiadas para ayudar al trabajador a disponer de vivienda propia y, cuando sea oportuno, para fomentar la construcción de viviendas por los propios interesados. Estas medidas podrí an adoptar la forma de:

a) servicios té cnicos, tales como los de los arquitectos, y, cuando sea apropiado, una vigilancia de las obras por personal competente;

b) la organización de la investigación relativa a la vivienda y a su construcción, así como la publicación y distribución de manuales y de folletos ilustrados fá ciles de comprender, que contengan información sobre planos de viviendas, normas de alojamiento, té cnicas y materiales de construcción;

c) enseñanza de té cnicas de construcción sencillas para permitir a los mismos interesados participar en la construcción;

d) venta o alquiler de equipo, materiales y herramientas a precio inferior al de venta en el mercado;

e) tasas de interé s reducido y otras ventajas similares, tales como subvenciones directas para ayudar a costear el desembolso del capital inicial, la venta de terrenos a precios inferiores al que se obtendrí a por ellos una vez acondicionados, y arrendamiento a largo plazo a alquileres nominales.

14. Deberí an asimismo adoptarse todas las medidas apropiadas, siempre que fuera necesario, para dar instrucciones a las familias en lo que respecta a la conservación y al buen uso de las instalaciones de que disponen en su hogar.

IV. Viviendas Proporcionadas por los Empleadores

15. Cuando el empleador proporcione la vivienda, se aplicará n las siguientes disposiciones, a menos que se garantice al trabajador una protección equivalente, ya sea por la ley o por contratos colectivos u otros acuerdos obligatorios:

a) el empleador deberí a tener derecho a recuperar, dentro de un plazo razonable, los locales proporcionados al trabajador, en caso de terminación del contrato de trabajo del trabajador;

b) el trabajador o su familia deberí an tener derecho a continuar ocupando la vivienda durante un perí odo razonable, con objeto de que puedan obtener otro alojamiento satisfactorio cuando el trabajador deje de ejercer su empleo a causa de enfermedad, incapacidad, a consecuencia de un accidente del trabajo o de enfermedades profesionales, de retiro o de muerte;

c) el trabajador que, por terminarse su empleo, tuviera que desocupar la vivienda deberí a tener derecho a recibir una indemnización adecuada:

i) por los cultivos que se le hubiera autorizado a hacer en tierras pertenecientes al empleador;

ii) por regla general, por todas las mejoras introducidas con el consentimiento del empleador que aumenten de manera permanente las comodidades de la instalación y cuyo valor no estuviera amortizado por el uso.

16. Todo trabajador que habite una vivienda proporcionada por su empleador deberí a conservar los locales en las condiciones en que los encontró , exceptuado el deterioro normal.

17. Las personas que mantengan relaciones sociales, de negocios o sindicales con un trabajador a quien el empleador proporciona vivienda deberí an tener derecho al libre acceso a la vivienda del trabajador.

18. Cuando fuere apropiado, deberí a examinarse la posibilidad de que las autoridades pú blicas, otras instituciones o los ocupantes de viviendas proporcionadas por el empleador puedan adquirirlas a precios razonables, salvo cuando tales viviendas se encuentren situadas dentro del perí metro destinado por la empresa a sus actividades de producción.

V. Financiamiento

19. Las autoridades pú blicas deberí an financiar, sea directamente, sea por medio de subvenciones, los programas de construcción de viviendas de alquiler, especialmente para determinados grupos de trabajadores como los que acaban de formar familia, los solteros y aquellos cuya movilidad sea conveniente para el desarrollo equilibrado de la economí a.

20. Los pré stamos otorgados a los trabajadores, de conformidad con lo dispuesto en el pá rrafo 15 de los Principios generales, deberí an cubrir la totalidad o una parte importante del costo inicial de la vivienda y poder ser reembolsados a largo plazo, a una tasa moderada de interé s.

21. Las instituciones de previsión y de seguridad social deberí an ser estimuladas a utilizar sus reservas disponibles para inversiones a largo plazo, a fin de dar facilidades de pré stamo para la vivienda de los trabajadores.

22. En los casos de pré stamos concedidos a los trabajadores para permitirles la adquisición de las viviendas en propiedad, deberí an adoptarse medidas adecuadas para proteger al trabajador contra la pé rdida del capital propio que haya invertido en su vivienda, debido al desempleo, accidente u otras causas independientes de su voluntad, y en particular para proteger a su familia contra la pé rdida de dicho capital en caso de defunción del trabajador.

23. Las autoridades pú blicas deberí an proporcionar ayuda financiera especial a aquellos trabajadores que, en razón de los ingresos inadecuados o de los gastos excesivos a que se ven obligados a causa de sus responsabilidades familiares, no esté n en condiciones de obtener alojamiento adecuado.

24. En los casos en que las autoridades pú blicas proporcionen una ayuda financiera directa para la adquisición de una vivienda, el beneficiario deberí a asumir las responsabilidades financieras y de otro tipo respecto a dicha adquisición, hasta donde se lo permitan sus recursos.

25. Las autoridades pú blicas que proporcionen ayuda financiera para los programas de construcción de viviendas deberí an asegurarse de que no se niega el alquiler o la adquisición en propiedad de dichas viviendas por motivos de raza, religión, opiniones polí ticas o afiliación sindical.

VI. Medidas para Aumentar la Eficiencia en la Industria de la Construcción

26. Los programas de vivienda para los trabajadores deberí an ejecutarse a largo plazo y extenderse durante todo el año, a fin de poder efectuar las economí as que permiten trabajos continuos.

27. Deberí an adoptarse medidas apropiadas para mejorar y, en caso necesario, desarrollar las posibilidades de formación profesional de trabajadores calificados y semicalificados, personal dirigente, contratistas y categorí as profesionales tales como arquitectos e ingenieros.

28. Donde escaseen los materiales de construcción, las herramientas o el equipo, serí a conveniente considerar la adopción de medidas tales como la concesión de prioridad a la construcción de fá bricas que produzcan dichos bienes, la importación de equipo para dichas fá bricas y el aumento del comercio de esos bienes.

29. Habida cuenta de consideraciones de salud y de seguridad, los reglamentos de edificación y las demá s normas aplicables a los planos, materiales y té cnicas de construcción deberí an formularse de tal modo que permitan utilizar nuevos materiales y mé todos de construcción, inclusive los materiales disponibles en la localidad y los mé todos empleados para la construcción de viviendas por los propios interesados.

30. Deberí a prestarse especial atención, entre otras medidas, al mejoramiento de la planificación y organización del trabajo en las obras de construcción, a la mayor normalización de los materiales, a la simplificación de los mé todos de trabajo y a la aplicación de los resultados obtenidos en las investigaciones sobre edificación y construcción.

31. Deberí a hacerse todo lo posible para eliminar las prá cticas restrictivas a que pudieran recurrir los contratistas, los proveedores de materiales de construcción y los trabajadores de la industria de la construcción.

32. Se deberí an crear y desarrollar instituciones nacionales encargadas de llevar a cabo investigaciones sobre los problemas sociales, económicos y té cnicos relacionados con la vivienda de los trabajadores. Se podrí a recurrir, cuando sea apropiado, a los servicios que pueden prestar los centros regionales de vivienda patrocinados o asistidos por las Naciones Unidas y por otros organismos internacionales apropiados.

33. Deberí a hacerse todo lo posible para fomentar la eficiencia de los pequeños contratistas de obras, proporcioná ndoles, por ejemplo, información sobre los materiales y mé todos de construcción a bajo costo, creando centros donde puedan alquilar herramientas y equipo, organizando cursos de formación e specializada y procurando medios financieros apropiados donde todaví a no existen.

34. Las medidas para disminuir los costos de construcción no deberí an dar lugar a ninguna disminución de las normas de vivienda aplicables al alojamiento de los trabajadores y a las instalaciones conexas.

VII. La Construcción de Viviendas y la Estabilización del Empleo

35. Cuando exista marcado desempleo en exceso del desempleo transitorio en la industria de la construcción durante el perí odo que transcurre desde que un trabajador de la construcción cesa en su empleo en una obra y comienza a trabajar en otra, o cuando exista considerable desempleo fuera de la industria de la construcción, el programa de construcción de viviendas para los trabajadores e instalaciones conexas deberí a ampliarse, cuando fuera apropiado, a fin de ofrecer empleo al mayor nú mero posible de desempleados.

36. Durante los perí odos de disminución de la construcción privada o de la actividad económica en general, y en los casos en que se experimente la necesidad de aumentar el volumen de la construcción, los gobiernos deberí an tomar disposiciones especiales para estimular la construcción de viviendas para los trabajadores e instalaciones conexas por las autoridades locales o las empresas privadas, o ambas, por medios tales como la asistencia financiera o la ampliación de sus facultades para la concesión de pré stamos.

37. Si fuere necesario, entre las medidas para aumentar el volumen de la construcción privada de viviendas podrí a figurar la reducción de las tasas de interé s y del volumen de los pagos iniciales al contado, así como la extensión del plazo de amortización de los pré stamos.

38. Cuando fuere necesario, las medidas para reducir el desempleo estacional en la industria de la construcción podrí an incluir:

a) la utilización de instalaciones, má quinas, materiales y té cnicas apropiados para ejecutar los trabajos de construcción de manera satisfactoria, en condiciones de seguridad, y para proteger a los trabajadores durante los perí odos que tradicionalmente se consideran desfavorables para realizar dichos trabajos de construcción;

b) la información de las personas interesadas en cuanto a las posibilidades té cnicas y a la conveniencia social de no interrumpir los trabajos de construcción cuando las condiciones climá ticas son desfavorables;

c) el pago de subsidios para compensar total o parcialmente los costos suplementarios que pueda implicar la construcción en tales condiciones; y

d) el escalonamiento de las diversas operaciones de los programas de construcción de viviendas para los trabajadores y de instalaciones conexas, de manera que contribuyan a reducir el desempleo estacional.

39. Cuando fuere necesario, deberí an adoptarse medidas apropiadas para garantizar la coordinación administrativa y financiera entre las diversas autoridades pú blicas, tanto centrales como locales, y entre ellas y las organizaciones privadas, al llevar a cabo cualquier programa de estabilización del empleo que ataña a la construcción de viviendas para los trabajadores y de instalaciones conexas.

VIII. Polí tica en Materia de Alquileres

40.

1) En los paí ses muy industrializados, con un alto y crecientenivel de vida, uno de los objetivos a largo plazo debiera ser que el alquiler, teniendo en cuenta lo establecido en el pá rrafo 4 de los Pprincipios generales, cubra los costos normales del alojamiento, pero el propósito general deberí a ser la disminución progresiva del porcentaje de los ingresos del trabajador dedicados al alquiler, que cubra el costo normal del alojamiento, gracias al aumento de los salarios reales y a la creciente productividad en la industria de la construcción.

2) Ningú n aumento de alquiler debiera permitir má s que unos ré ditos razonables de la inversión.

3) Durante los perí odos de grave escasez de viviendas deberí an adoptarse medidas para impedir el alza excesiva de los alquileres de las viviendas existentes de trabajadores. Cuando la escasez de viviendas disminuye y quedan disponibles suficientes viviendas de calidad adecuada para satisfacer las necesidades de los trabajadores, estas medidas podrá n mitigarse progresivamente, donde convenga, atenié ndose, no obstante, a lo dispuesto en este pá rrafo.

IX. Urbanismo y Planificación Rural y Regional

41. En la medida en que esto sea posible, y habida cuenta de los medios de transporte pú blicos y privados, las viviendas de los trabajadores deberí an estar situadas a proximidad de los lugares de trabajo y en las cercaní as de servicios colectivos, tales como escuelas, centros comerciales, lugares y servicios de recreo para personas de distintas edades, centros de culto y servicios mé dicos, y deberí an estar situadas de modo que integren barrios agradables y bien planeados, con espacios libres.

42. Deberí an realizarse todos los esfuerzos posibles, en relación con la planificación de viviendas y de nuevas localidades para trabajadores, con objeto de consultar a representantes de los futuros inquilinos que esté n en mejores condiciones de juzgar los medios má s apropiados para satisfacer sus necesidades en cuanto se refiere a vivienda y medio ambiente.

43. Al escoger los sitios en que hayan de construirse viviendas para los trabajadores deberí a prestarse atención a la posibilidad de que el aire sea contaminado por fá bricas y a las condiciones topográ ficas, que pueden ser factor importante en la evacuación de las aguas de superficie, de las aguas de albañal y de otros desperdicios.

44. Al constituir viviendas provisionales deberí a darse particular importancia a la planificación de la comunidad y al control del nú mero de ocupantes.

45. Deberí a adoptarse el principio de prever en las ciudades zonas relacionadas entre sí , tales como zonas residenciales, comerciales e industriales, a fin de garantizar al trabajador y a su familia el medio ambiente má s agradable posible y reducir al mí nimo el tiempo que invierte el trabajador en ir de su hogar a su lugar de trabajo y en volver de é l y los riesgos a que se expone por tal motivo.

46. Con el propósito de luchar contra los tugurios, las autoridades competentes, con la colaboración, cuando fuere necesario, de las organizaciones cí vicas y otros organismos interesados, así como con los propietarios y los inquilinos, deberí an adoptar toda clase de medidas prá cticas para el saneamiento de los barrios insalubres, tales como la renovación y modernización de los inmuebles cuyas condiciones lo permitan, y la conservación de los edificios de interé s arquitectónico o histórico. Las autoridades competentes deberí an adoptar tambié n las medidas pertinentes para proporcionar alojamiento en buenas condiciones a las familias que puedan tener que desplazarse temporalmente mientras se llevan a cabo los trabajos de saneamiento.

47. Para descongestionar los grandes centros urbanos, los planes de desarrollo futuro deberí an elaborarse sobre una base regional, de manera que se impida toda concentración excesiva de la industria y de la población, manteniendo un mejor equilibrio entre el desarrollo urbano y el rural.

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Fuente: Organización Internacional del Trabajo








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